La SSPD precisó que la actualización de tarifas para servicios públicos domiciliarios se rige por variaciones en los índices de precios, como el IPC, no por el salario mínimo legal. Según el Concepto, esta actualización es potestativa del prestador y busca mantener la suficiencia financiera de las empresas, sin ser una obligación. Se aplica cuando se acumula al menos un 3% de variación en los índices, y exige que los nuevos valores sean comunicados a las comisiones reguladoras, a la Superservicios y publicados en medios de circulación. Además, se enfatiza que no se pueden realizar cobros retroactivos a los usuarios por actualizaciones no aplicadas previamente.