como consecuencia de la suspensión provisional del Decreto 1390 de 2025 y mientras adopta una decisión definitiva sobre su constitucionalidad. La medida busca evitar que el decreto de emergencia, que adoptaba medidas para el sector energético, produzca efectos sin que exista un pronunciamiento de fondo de la Corte sobre su validez constitucional, en el marco del control judicial de los decretos expedidos durante el estado de emergencia económica y social.
