En su análisis, la Sala desarrolló varios ejes jurídicos. Primero, abordó la representación consorcial, precisando que el consorcio no tiene personalidad jurídica propia, pero sí capacidad para actuar a través del representante designado, cuyos actos obligan a todos los consorciados dentro del marco del encargo conferido. Segundo, examinó las particularidades del contrato de mandato a la luz del Código Civil y del Código de Comercio, destacando su naturaleza consensual, la representación directa y los límites del poder conferido. Finalmente, estudió la pluralidad de mandatarios, aclarando que, salvo estipulación en contrario, los mandatarios pueden actuar conjunta o separadamente, y que sus actuaciones generan efectos jurídicos para los mandantes en los términos pactados.

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