La valoración de costos ambientales, según la Contraloría General de la República, es un principio que permite evaluar la gestión que realizan los sujetos de control sobre el uso, explotación, protección y conservación de los recursos naturales para contribuir al desarrollo sostenible del país. Este principio obliga a cuantificar y internalizar los costos ambientales generados por las actividades públicas o privadas, considerando impactos ecosistémicos y socioculturales. La CGR integra este principio en su control fiscal micro mediante auditorías posteriores, concomitantes o preventivas, enfocándose en identificar impactos negativos y asegurar la gestión adecuada de recursos naturales, promoviendo la sostenibilidad y la responsabilidad estatal en la conservación ambiental.