El pago de las facturas de energía por parte de un prestador de acueducto es fundamental para garantizar la continuidad del servicio de agua potable. La normativa establece que los contratos son de carácter obligatorio y que el incumplimiento en el pago puede dar lugar a la suspensión del servicio, siguiendo un procedimiento previo que respete los derechos fundamentales de los usuarios. La suspensión no puede afectar derechos constitucionales ni impactar gravemente condiciones de vida o la protección especial de ciertos sectores, en cumplimiento de jurisprudencia de la Corte Constitucional. La Superintendencia de Servicios Públicos no tiene competencia para determinar responsabilidades funcio­narias, solo para supervisar el cumplimiento normativo de los prestadores.