Los usuarios pueden presentar reclamaciones sobre facturas de servicios públicos sin necesidad de pagar las sumas reclamadas. Sin embargo, para interponer recursos legales, deben acreditar el pago de las sumas no objeto de la reclamación. Las empresas deben facilitar el pago de estas sumas mediante la emisión de facturas parciales o provisionales que excluyan los valores en disputa. Si la prestadora no cumple con este procedimiento, el usuario puede presentar una queja ante la Superintendencia. Además, se reconoce que el usuario debe seguir pagando las sumas que generan nuevos cargos, a menos que haya una nueva reclamación sobre esos montos. Las reclamaciones deben ser gestionadas adecuadamente para evitar dilaciones injustificadas que afecten la situación financiera de las empresas prestadoras. En todo caso, la separación de valores reclamados debe realizarse conforme a la normativa vigente.