La Corte Constitucional concedió la solicitud de ampliación del plazo presentada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, argumentando que la actualización de los términos de referencia para los estudios de impacto ambiental, en el contexto del cambio climático, es una tarea compleja que requiere un tiempo razonable y especializado. Inicialmente, se estableció un plazo de seis meses, pero la Corte reconoció que este no sería suficiente para cumplir con la orden, dado el carácter técnico y las múltiples variables involucradas en la evaluación de impactos ambientales relacionados con el cambio climático.

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