La CRA precisa que los costos de operación de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) deben ser distribuidos entre todos los suscriptores del área de prestación del servicio (APS) y no solo entre aquellos que utilizan directamente la PTAR. Según la regulación, la tarifa debe basarse en costos medios de producción e incluir componentes como costos de administración, operación e inversión. La normativa busca garantizar la suficiencia financiera de los prestadores de servicio mientras promueve una tarifa unificada para todos los usuarios del sistema de alcantarillado en un municipio, considerando factores como la vulnerabilidad de ciertos suscriptores. Así, se busca que el costo de las nuevas infraestructuras y su operación sea compartido equitativamente, evitando la imposición de tarifas diferenciadas que puedan afectar a usuarios en situación de pobreza.