La regulación del cobro del servicio público de aseo para inmuebles desocupados establece que, para acreditar esta desocupación, el usuario debe presentar documentos como facturas de agua o energía que evidencien la falta de consumo, o un acta de inspección ocular. Esta acreditación tiene una vigencia de tres meses, la cual puede renovarse mediante nueva documentación. La tarifa aplicada a inmuebles desocupados considera cero toneladas de residuos para recolección, aunque esto no implica la exoneración total del pago, dado que hay costos relacionados con el servicio que deben ser cubiertos. Los prestadores que atienden más de 5,000 suscriptores pueden aplicar tarifas de oficio, y los usuarios tienen cinco meses para presentar reclamaciones sobre facturas. Las modalidades tarifarias varían según si el prestador tiene más o menos de 5,000 suscriptores, detallándose en la Resolución CRA 943 de 2021. La Superintendencia ha establecido normativas específicas para regular estos cobros y facilitar su comprensión por parte de los ciudadanos.