La resolución del Ministerio de Agricultura de establece una política pública de Agroecología que busca garantizar los derechos del campesinado y promover sistemas alimentarios sostenibles. Se reconoce la importancia de la agroecología como alternativa al modelo de revolución verde, integrando enfoques que consideran aspectos espirituales, sociales y culturales en la producción de alimentos. La participación de profesionales del equipo de agroecología del ministerio se destaca, aunque sin voto en las decisiones. Además, se enfatiza la recuperación de saberes ancestrales y la protección de la agrobiodiversidad, así como la colaboración con comunidades étnicas para desarrollar políticas con enfoque diferencial. La resolución también aborda la necesidad de garantizar el acceso a la tierra, agua y semillas, promoviendo la resiliencia ante la crisis climática y fortaleciendo actividades comunitarias que apoyen la soberanía alimentaria.