Establecer mecanismos de supervisión y evaluación para asegurar la efectiva ejecución de los contratos y el uso adecuado de los recursos en beneficio de las comunidades, mediante auditorías y seguimiento estatal. Fomentar la autonomía de los cabildos indígenas en la gestión de sus recursos, permitiéndoles decidir sobre la inversión de los fondos obtenidos a través de contratos con el Estado. Promover la colaboración entre entidades del Estado y cabildos indígenas para implementar proyectos que respondan a las necesidades comunitarias, garantizando el respeto a sus derechos y el fortalecimiento de sus capacidades.

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