La imposición de sanciones administrativas como las multas y/o sanciones pecuniarias, entre otras, es un mecanismo mediante el cual las autoridades públicas exigen a los ciudadanos o extranjeros en Colombia el cumplimiento de la Constitución y las leyes y castigan su inobservancia. Por lo que puede concluirse que la potestad sancionatoria de la administración pública se encuentra justificada constitucionalmente por el deber de obediencia al ordenamiento jurídico que cuando se incumple, genera una consecuencia negativa representada en la sanción respectiva.