Consideró que se debían adoptar las medidas necesarias, pero no como protección de derechos colectivos sino, mediante el proceso judicial que regula la servidumbre”. El Consejo de Estado consideró que “no hay viabilidad para seleccionar la providencia, toda vez que, además de observar ausencia de argumentación en la solicitud, se advierte que, con ella, EPM no procura la utilización del mecanismo para la unificación de jurisprudencia, sino con el propósito ejercer un control de legalidad, con lo que incurre en el error de utilizar el mismo como una tercera instancia para lograr evitar las órdenes impartidas por el juez popular”.

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