Luego del análisis a la iniciativa, la Entidad concluyó que “el gasto público ambiental y sus efectos jurídicos en materia de prioridad y no regresividad presupuestal, constituye una importante herramienta jurídica y económica de concreción de la Constitución Ecológica, la cual
contribuye a materializar el desarrollo sostenible y la protección efectiva del ambiente, por tanto, se considera por parte de la Dirección Legal Ambiental, que la propuesta es necesaria y se insta a los ponentes del proyecto a seguir las recomendaciones aquí expuestas”.
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