de Comercializadores-RUCOM, previsto en el literal h) del artículo 9 del Decreto 276 de 2015. Adujo que el Ministerio de Minas y Energía debió proferir el acto demandado, pues es la autoridad nacional minera y no la ANM. Agregó que el acto impuso requisitos adicionales a los previstos en el ordenamiento, vulneró el derecho al trabajo y desconoció los convenios 111 y 167 de la OIT. Según el artículo 182A CPACA, el Despacho fijará el litigio de la siguiente forma: Corresponde a la Sala determinar si la resolución 208 del 27 de abril de 2017 es ilegal por violación de las normas en que debía fundarse y por expedirse sin competencia.
Para el CE resultó procedente el decreto de pruebas en demanda contra un acto de la ANM, que reglamentó el requisito de acreditar capacidad económica de actividades de comercialización de minerales para la inscripción en el RUCOM
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El demandante solicitó la nulidad de la resolución 208 del 27 de abril de 2017, proferida por la Agencia Nacional de Minería, que reglamentó el requisito de acreditar capacidad económica de actividades de comercialización de minerales para la inscripción en el Registro Único
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