La accionante solicitó la protección a los derechos fundamentales de petición y libertad de locomoción, al no contar con la posibilidad de inclusión en un vuelo humanitario de repatriación de España a Colombia, en tanto que, según lo manifestó la entidad demandada, la parte actora tenía la obligación de conocer, con la suficiente antelación, el protocolo establecido en la Resolución 1032 de 8 de abril de 2020, que regula los trámites para la inclusión de colombianos en el exterior en vuelos de repatriación ante la crisis generada por el COVID-19”.

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