La Sala confirmó la decisión de primera instancia que declaró terminado el proceso ejecutivo, pues le asistió razón al Tribunal Administrativo de Norte de Santander, al afirmar que la obligación de pagar la cláusula penal pretendida carece de los elementos de exigibilidad y claridad. “No obstante, se permite rectificar el entendimiento del juzgador de primera instancia, según el cual, resultaba indispensable para la ejecución de la cláusula la declaratoria previa del incumplimiento, habida consideración de que el artículo 422 del CGP no prevé dicha condición. El artículo referido establece que prestan mérito ejecutivo las obligaciones “claras, expresas y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley”.