La Sala concluyó que, al tratarse de un acto administrativo general, la tutela es improcedente, de ahí que no sea el instrumento idóneo para analizar su legalidad.
Se demandó a la Presidencia de la República, el MinMinas y el MinTrabajo, con el fin de que se protegiera el derecho fundamental al trabajo presuntamente vulnerados con ocasión de la expedición del Decreto 1168-2016, en el que se crearon unas medidas para priorizar la mano de obra local en municipios con presencia de actividades de exploración o producción de hidrocarburos.
La Sala concluyó que, al tratarse de un acto administrativo general, la tutela es improcedente, de ahí que no sea el instrumento idóneo para analizar su legalidad.