Para la Sala, el negocio jurídico se trató, realmente, de un contrato suscrito con una persona natural, para la prestación del servicio de recepción, selección y transformación en humus, de las basuras del municipio de Cumaral; se trató de un contrato en el que el particular explotaría unas instalaciones entregadas por el municipio, a cambio de una remuneración en dinero pagadera mensualmente y un porcentaje de participación en la producción.