De acuerdo con u concepto publicado por la SSPD, los prestadores de servicios públicos domiciliarios, sin consideración a su naturaleza, no se encuentran facultados para imponer sanciones de contenido pecuniario a sus usuarios, con ocasión al incumplimiento del contrato de servicios públicos domiciliarios o por cualquier otra causa, de lo que se sigue que la imposición de éstas se torna ilegal y que en caso de haberse exigido las mismas no deben cobrarse.