La iniciativa presentada ante el Senado busca garantizar el Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuadas de la población colombiana, a través de la creación y puesta en marcha del Sistema Nacional para la Garantía Progresiva del Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuadas y la adopción de otras medidas.
El presente proyecto busca la creación de un Programa Público de Empleo (PPE) para hacer de la garantía de trabajo un mecanismo estabilizador de la economía con cargo a la apropiación presupuestal del Ministerio de Trabajo, como un programa social del Estado que otorgará a los beneficiarios un aporte monetario mensual de naturaleza estatal con el fin de apoyar, proteger y aumentar la tasa de empleabilidad formal en el país.
EL proyecto que será estudiado por el Senado, busca preservar el derecho a la vida, la salud y a un medio ambiente sano de todos los habitantes del territorio nacional frente a los riesgos que representa la exposición al glifosato y sus diferentes derivados en la implementación de la Política Nacional de Drogas (componente de lucha contra las drogas ilícitas).
“La operación de una plataforma estructurada bajo la figura de “billetera virtual” o “billetera electrónica” que tenga relación con la ejecución de actividades exclusivas de nuestras vigiladas debe realizarse por parte de una entidad financiera con capacidad para realizar operaciones de captación, pagos y transferencias o con la participación de una de ellas según las modalidades autorizadas por la regulación para la prestación de servicios financieros a través de terceros, como por ejemplo la corresponsalía digital.“
“En los procesos de licitación de seguros asociados a créditos con garantía hipotecaria o leasing habitacional, la contratación directa constituye un mecanismo excepcional, del cual pueden hacer uso las entidades financieras que actúen como tomadoras por cuenta de sus deudores, siempre que se acredite una justificación jurídica y/o técnica y que la vigencia del seguro contratado no sea superior a noventa días calendario”.
De acuerdo con la doctrina publicada por la Superfinanciera, el bono de prenda es un título valor que tiene como función principal representar un contrato de mutuo garantizado con prenda sobre las mercancías objeto del certificado de depósito, de modo que para su creación el depositante debe diligenciar los formularios que entrega el AGD con los requisitos generales y especiales que contempla el ordenamiento jurídico para dicho tipo de instrumentos.
“La conformación de un conglomerado financiero es identificada por la Superfinanciera a partir de la existencia de una entidad controlante común, que ostenta la condición de holding financiero, y de la cual hagan parte dos o más entidades nacionales o extranjeras que adelanten una actividad propia de sus entidades vigiladas (siempre que al menos una de ellas las desarrolle en Colombia), las cuales actúan en condición de subordinadas”.
El contrato de transporte en materia de transporte terrestre automotor especial deberá ser escrito, este deberá contener las condiciones, obligaciones y deberes pactados por las partes. El servicio público de transporte terrestre automotor especial es aquel que se presta por parte de una empresa debidamente habilitada en esta modalidad a un grupo específico de personas que tienen una característica en común y homogénea en su origen y destino, dicho grupo puede ser de estudiantes, turistas.
El listado oficial de mercancías peligrosas es aquel descrito en el Libro Naranja de la Organización de las Naciones Unidas, titulado como recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, si el hidrogeno y el dióxido de carbono hacen parte del listado anteriormente referenciado, para su transporte se deberá cumplir con las condiciones y requisitos establecidos para mercancía peligrosa.
Con la expedición de la Ley 2140-2021, “en los casos en los que las entidades nacionales, departamentales o de cualquier orden exigen como requisito para financiar o cofinanciar proyectos de inversión con los municipios, prueba de la propiedad de los bienes que van a ser objeto de intervención, bastará con que estas acrediten la posesión del bien y su destinación al uso público o a la prestación de un servicio público por parte de la entidad territorial o de la comunidad a través de junta de a::ción comunal, mientras no exista oposición de un tercero”.