La Sala decidió que el Tribunal Administrativo de Risaralda ordenará el inicio del trámite de reconocimiento, liquidación y pago de la pensión de sobrevivientes a favor de la peticionaria, en la suma que corresponda, como también el reconocimiento de las mesadas causadas y no prescritas hasta su inclusión efectiva en la nómina de pensionados.
Publicamos el texto de la providencia de la Corte a través de la cual ordenó a la Secretaría de Tránsito, Transporte y de la Movilidad de Ibagué “que en un término no superior a seis (6) meses, presente ante el juez que conoció en primera instancia de la causa de la referencia un cronograma donde se establezcan las acciones “reales y concretas” que se llevaran a cabo para lograr la implementación de nuevos dispositivos auditivos en los puntos de mayor circulación de la ciudad y/o donde se advierta la presencia de importantes centros de comercio, recreación, educación y salud en los que pueda evidenciarse una movilización frecuente de la población para poder acceder a dichos bienes y servicios. Sobre el particular, puntualiza la Sala que el referido cronograma deberá atender a los lineamientos previstos de la sentencia T-269 de 2016 a la cual se hizo expresa mención en la presente decisión”.
A través del proyecto de norma, el ministerio de Salud, en vista de que algunos importadores y fabricantes de los artículos de vidrio, cerámica y vitrocerámica, incluidos como accesorios de otros productos principales, o de partes que contengan recubrimientos en estos materiales y que entran en contacto con alimentos, a la fecha no han logrado obtener la Declaración de
“La Sala Plena de la Corte Constitucional revisó nueve expedientes acumulados que se refieren a la situación de personas privadas de la libertad en inspecciones, estaciones y subestaciones de Policía y unidades de reacción inmediata -URI-. Cuatro de las acciones de tutela fueron presentadas directamente por las personas afectadas, otras cuatro por representantes del Ministerio
“INPEC y USPEC violaron derecho a la salud de internos en las cárceles de Jamundí y Cómbita”. Así se encuentra consignado en el comunicado oficial de la Corte donde recientemente se adoptó esta decisión. “Las personas privadas de la libertad que padecen