Este documento crea el Incentivo Integral para la Gestión de Riesgos en el sector agrícola y afines. Su objetivo es ayudar a los productores a manejar mejor los riesgos como eventos climáticos, problemas sanitarios, y cambios en los precios, para proteger sus actividades y mejorar su bienestar. El incentivo financia acciones como capacitación, apoyo técnico, seguros y fondos para solucionar estos riesgos. Los recursos provienen del presupuesto estatal, donaciones y créditos, y serán gestionados por el Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios. La medida busca fortalecer la protección del sector agrícola en todo el país y promover su sustentabilidad y desarrollo.

Las disposiciones crediticias en el proyecto de norma buscan responder a las necesidades del campesinado al facilitar su acceso a financiamiento y mecanismos de gestión de riesgos adecuados a sus realidades. A través del IIGRA y los incentivos asociados, se promueve una cultura de ahorro, seguros agropecuarios y apoyo a inversiones que fortalecen su resiliencia frente a amenazas agroclimáticas, sanitarias, financieras y de mercado. Además, los recursos del fondo y los créditos se adaptan a las particularidades del sector rural, contribuyendo a reducir desigualdades, fomentar el desarrollo sostenible y fortalecer la economía campesina en línea con las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

El documento establece lineamientos y políticas para promover la producción y uso de bioinsumos, fertilizantes orgánicos y acondicionadores de suelos en Colombia, con énfasis en fortalecer las biofábricas de diferentes escalas y mejorar su regulación. Destaca la importancia de crear espacios de diálogo interinstitucional, coordinar acciones con entidades como el SENA, universidades y ministerios relacionados, y elaborar planes de acción específicos. Se resalta la necesidad de simplificar el proceso de registro y licenciamiento de bioinsumos para facilitar su comercialización y adopción.

El documento busca esclarecer que las APPA no afectan derechos de propiedad ni restringen actividades legales, sino que protegen suelos con vocación agrícola, garantizando la continuidad del campesinado y la producción de alimentos para la seguridad alimentaria. Pretende desmentir información incorrecta y destacar que los procesos son técnicos, participativos y transparentes, con socialización previa con comunidades y municipios. Además, resalta que las APPA fortalecen la economía rural, ayudan a preservar el ordenamiento territorial, evitan el crecimiento desordenado del suelo urbano y contribuyen a la soberanía alimentaria del país.

El Decreto regula la implementación del Decreto Ley 1094 de 2024, promoviendo el fortalecimiento del sistema económico propio y el buen vivir en los territorios indígenas del Cauca, en respeto a su autodeterminación, cultura y cosmovisión. Busca garantizar su autonomía mediante mecanismos jurídicos, financieros y políticos que faciliten la producción, transformación y comercialización de sus bienes, promoviendo la justicia social, la equidad y la cooperación intercultural. Resalta la importancia de preservar sus sistemas conocimientos, su relación con los territorios y sus formas de vida, fortaleciendo su participación en el desarrollo económico y social, en armonía con el marco constitucional y los derechos internacionales.