El documento busca esclarecer que las APPA no afectan derechos de propiedad ni restringen actividades legales, sino que protegen suelos con vocación agrícola, garantizando la continuidad del campesinado y la producción de alimentos para la seguridad alimentaria. Pretende desmentir información incorrecta y destacar que los procesos son técnicos, participativos y transparentes, con socialización previa con comunidades y municipios. Además, resalta que las APPA fortalecen la economía rural, ayudan a preservar el ordenamiento territorial, evitan el crecimiento desordenado del suelo urbano y contribuyen a la soberanía alimentaria del país.