El Ministerio de Ambiente explica la aplicación del artículo 2.2.5.1.9.3 del Decreto 1076 de 2015. La respuesta subraya la obligación de las entidades que manejan hidrocarburos o sustancias tóxicas de presentar un plan de contingencia detallado a la autoridad ambiental competente para su aprobación. Este plan debe incluir medidas de seguridad, prevención, respuesta y presupuesto para el control de emisiones y reparación de daños. Aunque se reconoce un marco normativo amplio, incluyendo la Ley 1523 de 2012 y el Decreto 1868 de 2021, la revisión de las normas busca evitar duplicidades y fortalecer la gestión del riesgo ambiental. Los conceptos emitidos por la autoridad no son de obligatorio cumplimiento, salvo disposición legal expresa

Uno de los objetivos del marco regulatorio es asegurar el cumplimiento de parámetros ambientales y la implementación de prácticas sostenibles en toda la cadena de suministro del alcohol carburante. El Ministerio de Minas publicó un proyecto de resolución para regular a productores e importadores de alcohol carburante. Esta normativa busca establecer requisitos claros para su autorización y registro, garantizando la calidad, seguridad y trazabilidad del producto en toda la cadena de suministro. Entre las exigencias clave se encuentran el cumplimiento de estándares técnicos para instalaciones, muestreos representativos, pruebas de calidad periódicas y, para importadores, un visto bueno previo del Ministerio, contratos con almacenadores autorizados y certificados de conformidad del producto. El proyecto enfatiza la protección del consumidor y el medio ambiente, alineándose con las metas de carbono neutralidad y resiliencia climática del país, impulsando un mercado transparente y competitivo.

El Gobierno lanzó el borrador de la Política Nacional de Hidrógeno (CONPES) para impulsar la transición energética, estableciendo una hoja de ruta que desarrolla el hidrógeno de bajas emisiones con el fin de descarbonizar sectores clave como transporte, industria y fertilizantes, reemplazando el hidrógeno fósil actual. El Gobierno articula esfuerzos en cinco frentes: inversión, demanda nacional, infraestructura, regulación y formación de talento, con la meta de alcanzar 120,000 toneladas de hidrógeno de bajas emisiones en 2030 y 1.8 millones de toneladas en 2050. La política busca posicionar al país como un hub regional y un potencial exportador de energías limpias, abriendo oportunidades económicas, especialmente en regiones como el Caribe, mediante la atracción de inversión y la creación de cadenas productivas (fertilizantes verdes, amoníaco, metanol).

El Consejo de Estado analizó la liquidación judicial de contratos no sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP), en el marco del contrato de obra celebrado entre Ecopetrol S.A. y Aislaterm S.A. para la construcción liviana de edificaciones no industriales. Se estableció que, al regirse este contrato por derecho privado según el artículo 6º de la Ley 1118 de 2006, no es aplicable la obligación legal de agotar una etapa de liquidación prevista para contratos bajo EGCAP. Así, la liquidación judicial procede solo si el contrato contiene cláusula expresa de liquidación y existe controversia concreta sobre el cumplimiento contractual. El Consejo declaró que Ecopetrol no incumplió el contrato, confirmó la improcedencia de la excepción de compensación y ordenó la liquidación judicial, reconociendo un saldo a favor de Aislaterm por obras recibidas a satisfacción.

El Ministerio de Ambiente busca ajustar el funcionamiento de la Comisión de Estudio para la Promoción y Desarrollo de los Mercados de Carbono, con el fin de fortalecer la coordinación institucional y garantizar mayor transparencia en la toma de decisiones. El proyecto de resolución redefine quién designa a los expertos que integran la Comisión y amplía las obligaciones de divulgación de los informes, priorizando el acceso público y la participación de comunidades, academia y sociedad civil. Con estos cambios, el Ministerio pretende asegurar que los análisis sobre mercados de carbono respondan a los compromisos climáticos del país y cumplan las órdenes judiciales relacionadas con la participación indígena en proyectos REDD+.