De acuerdo con el presente concepto, las reglas definidas en los documentos tipo de obra infraestructura de transporte y de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte, se establece que la acreditación de la experiencia se realiza con mínimo un (1) contrato y máximo seis (6) contratos.

Los comentarios se cierran el 5 de agosto de 2021. El proyecto de decreto aplicará a las plantas de generación que produzcan energía eléctrica a partir de las fuentes no convencionales a las que se refiere la Ley 1715 de 2014 y cuya potencia nominal instalada total supere los 10.000 kilovatios.

El Gobierno Nacional, a través de decreto, reglamentó el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control (SSEC), sus componentes, alcance, actores, ámbito de aplicación, instrumentos del Sistema, responsabilidad de los actores, actividades de la adopción de medidas administrativas tendientes a la protección de los recursos del SGR, disposiciones sobre el Procedimiento Administrativo de Control (PAC) y el régimen de transitoriedad establecido en los artículos 199 a 202 de la Ley 2056 de 2020.

La demanda de inconstitucionalidad estaba encaminada a buscar la inexequibilidad del artículo 88, de la Ley 1753- 2011, relativa a la eficiencia en el manejo integral de residuos sólidos, contenida en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. “En términos generales, los intervinientes que pidieron a la Corte inhibirse de emitir un pronunciamiento de mérito sostuvo que el demandante, a partir de un errado criterio residual,

 Esta decisión “obedece a una demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad, interpuso un ciudadano contra la determinación de la Supersalud. El demandante sostuvo que la Gobernación del Magdalena había solicitado la intervención del organismo de vigilancia en noviembre del 2019, ante los problemas gerenciales que, a su juicio, estaba afrontando la institución.

El Consejo de Estado declaró a la Fiscalía General de la Nación administrativamente responsable por la privación injusta de un ciudadano, en razón del proceso penal iniciado en su contra por la presunta comisión del delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

La providencia precisa que la medida prevista por la expresión demandada (artículo 4 (parcial) de la Ley 2010 de 2019), es adecuada para alcanzar las finalidades referidas, dado que su efecto concreto, esto es, la ineficacia de las declaraciones del IVA obliga a los PSDE a presentar sus declaraciones tributarias con pago total. En otras palabras, dicha medida es adecuada para

Para la Corte es “es inaplicable el agravante contenido en el numeral 7 del artículo 211 del Código Penal, que aumenta la pena del delito sexual, contenido en el artículo 210, cuando se comete contra una persona con “discapacidad física, psíquica o sensorial”, en aquellos casos en que tal discapacidad es la causa de la incapacidad para resistir”.