De acuerdo con el artículo 897 del Código de Comercio, no se requiere pronunciamiento judicial alguno para declarar la ineficacia de un acto que la ley sancione como tal, en los términos del este artículo de la legislación mercantil, dado que la misma opera por el sólo ministerio de la Ley. La Sociedad por Acciones Simplificada, creada por la Ley 1258 de 2008, no se hace referencia de manera concreta a la ineficacia de las decisiones del máximo órgano social. Por lo tanto, la Entidad se refiere a lo concerniente a la ineficacia de las decisiones del máximo órgano social, en los términos del Código de Comercio.

 Una vez termine la obra, el suscriptor del contrato de conexión temporal deberá informarlo al prestador del servicio correspondiente, ya que, a partir de allí, se debe dar por terminado dicho contrato especial, y en su lugar, se debe iniciar la facturación individual de los inmuebles resultantes del proceso constructivo, los cuales deben contar con los dispositivos de medida necesarios para iniciar la medición individual del servicio, y, por ende, el cobro correspondiente. En todo caso, el constructor, urbanizador o quien utilice una conexión temporal, será considerando como un usuario del servicio público domiciliario, sujeto de los derechos y obligaciones establecidas en la Ley 142 de 1994 y de las condiciones de prestación establecidas en el contrato de servicios públicos para el efecto.

La caja de inspección es la caja que se ubica al inicio de la acometida de alcantarillado, y que tiene como propósito recoger las aguas residuales, lluvias o combinadas, de un respectivo inmueble. Esta caja, valga indicar, también incluye su respectiva tapa. Por su parte, la “Cámara o pozo de inspección” está definida en el artículo 256 del Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico –RAS (Resolución MVCT 330 de 2017), como una estructura de forma usualmente cilíndrica, que se localizan al inicio o dentro de un tramo de alcantarillado, y que permiten, desde la superficie del terreno, el acceso a los conductos para su inspección o mantenimiento. Al igual que las cajas de inspección, las cámaras o pozos de inspección hacen parte de la infraestructura del servicio público domiciliario de alcantarillado.

A través de este concepto, la Entidad aborda los siguientes temas: I) Indemnización por la ocupación de predios privados por parte de prestadores de servicios públicos domiciliarios; y II) Cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) por parte de las empresas de transmisión. “Las zonas de servidumbre en las que se encuentran las líneas de transmisión, así el ítem b del numeral 22.2 señala que dentro de la zona de servidumbre se debe impedir la siembra o crecimiento natural de árboles o arbustos, adicional a lo anterior, el numeral 22.8 de dicho reglamento estipula las distancias mínimas de seguridad que deben cumplir las líneas de transmisión”.

A través de este concepto de abogacía de la competencia de la SIC, la Entidad hace observaciones frente a un proyecto de norma en el  que MinTic identificó que las normas que hacen referencia al tope máximo de ERE para uso en servicios móviles terrestres, no contemplaban reglas aplicables para la contabilización de dichos topes en los eventos en que existiera control societario, control competitivo, grupo empresarial o se hubiere implementado una figura asociativa entre los agentes respecto de los cuales se contabilizaría el mencionado tope. En consecuencia, el proyecto propone la introducción de las reglas para contabilizar los topes máximos de ERE por PRST ante los mencionados eventos.

A través de este concepto General de la DIAN se desarrollan los siguientes ejes temáticos y resuelve, entre otros, los siguientes interrogantes:  marco normativo del impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes; ¿Quiénes son contribuyentes de este Impuesto?; ¿Cómo puede ser monofásico el Impuesto a los plásticos de un solo uso cuando el artículo 51 de la Ley 2277 de 2022 establece diferentes escenarios de causación?; ¿A partir de qué fecha es exigible este Impuesto?, ¿Se debe discriminar en la factura de venta?

“El esquema del cargo por confiabilidad está definido en la Resolución Creg 071 de 2006 y las que la han modificado. Las obligaciones que deben cumplir los promotores o dueños de proyectos de generación, asociadas a las obligaciones de energía firme -OEF- que le sean asignadas en una subasta de expansión se encuentran definidas en la citada regulación. Estas normas no establecen obligaciones de reporte de información periódica a la Creg u otras autoridades. Sin perjuicio de lo anterior, la regulación define un mecanismo de verificación del avance de los proyectos mediante auditorias periódicas contratadas por XM, para cuya ejecución los desarrolladores deben entregar al auditor (expertos técnicos) toda la información necesaria para que este pueda determinar si se está cumpliendo la Curva de avance S, con el cronograma de construcción o repotenciación de la planta o unidad de generación, y si el proyecto entrará en operación comercial en la fecha de inicio del Período de Vigencia de la Obligación o si se configura un incumplimiento grave e insalvable. Estas auditorías se realizan, inicialmente, cada 6 meses y en el año anterior a la fecha de inicio del Período de Vigencia de la Obligación se ejecutan cada 3 meses”.

La Ley 1882 de 2018 fijó una regla general y una excepción para la subsanabilidad de la oferta. La regla general es que el límite para que la entidad solicite y para que el proponente corrija lo que haga falta es hasta el término de traslado del informe de evaluación que corresponda a cada modalidad de selección. La excepción es que el anterior límite no aplica para los procesos de mínima cuantía y para el proceso de selección a través del sistema de subasta: en este último los documentos o requisitos subsanables deben solicitarse, como límite final, hasta el momento previo a su realización.