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El Decreto Legislativo 500 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas de orden laboral, relativas a la destinación de los recursos de las cotizaciones a las administradoras de riesgos laborales de carácter público, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica”, fue declarado, por unanimidad, ajustado a la Constitución.
Para la Sala Plena, el Decreto aprueba el juicio de finalidad, por cuanto al otorgarle a las ARL públicas recursos para prevención de riesgos, el Gobierno persigue impedir la extensión de los efectos del COVID-19 y contribuye a realizar el principio de igualdad entre las ARL privadas y públicas, y los afiliados y beneficiarios de cada una.
