Las entidades estatales pueden incluir directrices específicas de debida diligencia en sus manuales de contratación para identificar y gestionar riesgos con contratistas en las etapas precontractual, contractual y de seguimiento, según Colombia Compra Eficiente. Estas medidas internas buscan fortalecer la transparencia y la gestión de riesgos, pero deben estar siempre en consonancia con la ley. Es crucial que no modifiquen la capacidad jurídica de los proponentes ni establezcan nuevas causales de inhabilidad o incompatibilidad, las cuales son de estricta reserva legal. La administración tiene autonomía para fijar reglas objetivas para el rechazo de ofertas que garanticen la selección del mejor proponente, pero estas no pueden ser arbitrarias ni limitar la participación, apoyándose en guías de gestión de riesgo existentes para situaciones que, sin ser prohibiciones legales, puedan afectar el proceso.