La Contraloría General de la República (CGR) precisó que la omisión de una entidad estatal en la utilización de impuestos descontables del IVA, que derive en el pago de un tributo superior al legalmente exigible, no configura por sí sola un detrimento patrimonial ni genera automáticamente responsabilidad fiscal. La entidad explicó que, para establecerla, es necesario demostrar un daño efectivo, cierto y cuantificable al patrimonio público, así como la existencia de una conducta atribuible al gestor fiscal y un nexo causal entre ambos. En ese sentido, indicó que cada caso debe evaluarse de manera integral, teniendo en cuenta la magnitud e impacto real de la afectación y los principios de eficiencia y economía de la gestión fiscal. Por ello, la sola diferencia entre el impuesto pagado y el que eventualmente pudo haberse liquidado no basta para acreditar un daño patrimonial.