Aunque ofrecen transparencia y automatización, su adopción plena enfrenta tensiones estructurales con principios de la contratación estatal como la solemnidad, los poderes exorbitantes irrenunciables y la mutabilidad necesaria para el interés general. La inmutabilidad y auto-ejecución propias del blockchain pueden impedir su implementación total en el marco actual.
Cada entidad debe analizar, caso por caso, la compatibilidad del contrato inteligente con el marco jurídico vigente y los fines contractuales, sin subvertir las normas que rigen la contratación pública.
