De acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo 79 de la Ley 142 de 1994, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no se encuentra facultada para exigir que los actos o contratos de los prestadores, se sometan a su aprobación previa. Lo anterior debido a que el régimen de actos y contratos de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios es el derecho privado.