La SSPD precisó sus facultades de inspección, vigilancia y control sobre los prestadores de servicios públicos, enfocándose en la protección del usuario, facturación y cobro. Sin embargo, la SSPD aclaró que no es la única entidad competente en la gestión comercial; otras autoridades como la Contraloría General de la República tienen atribuciones concurrentes. El control fiscal de la Contraloría es integral para empresas oficiales, abarcando toda su gestión. Para prestadores mixtos o privados, el control se restringe a los bienes de propiedad estatal y los actos relacionados con la participación pública. Los conceptos emitidos por la SSPD son de orientación general y no vinculantes, y la entidad carece de funciones disciplinarias o fiscales directas.