La SSPD precisó que un comercializador no puede negar el "paz y salvo" para cambiar de prestador basándose exclusivamente en la existencia de reclamaciones o recursos en curso sobre facturas aún no firmes. La exigibilidad suspendida de una obligación por un recurso no debe impedir el derecho del usuario a elegir libremente su comercializador. Para proteger el crédito del comercializador saliente sin afectar la movilidad del usuario, las garantías, como la suscripción de un título valor por el monto en disputa, son el mecanismo jurídicamente admisible, siempre que estén contempladas y no sean obligatorias para usuarios residenciales. Estas garantías solo podrán hacerse efectivas una vez la obligación sea firme.