empresa de forma injustificada”.
Corte Constitucional estudió la libertad de expresión en redes sociales y el derecho al buen nombre de las empresas comerciales frente a divulgaciones relacionadas con actividades inherentes a su objeto social
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En el presente caso, “la solicitud de amparo consistió en la afectación del derecho al buen nombre de una persona jurídica dedicada a arrendar, vender y administrar viviendas. La actuación que se catalogó como trasgresora de dicha garantía es la publicación del video que un arrendatario publicó en YouTube, a través del cual cuestionó la integridad e imagen comercial de la
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