La Superintendencia de Sociedades precisó que la Ley 2437 de 2024 adoptó de forma permanente los mecanismos de insolvencia creados durante la emergencia, pero no modificó los supuestos ni los requisitos de admisión previstos en la Ley 1116 de 2006 para los procesos de reorganización y liquidación judicial. Señaló que la norma no detalla exhaustivamente la información legal y financiera exigida, por lo que siguen aplicándose las reglas generales vigentes. Aclaró que la responsabilidad por la veracidad, integridad y exactitud de la información financiera recae exclusivamente en el deudor y en su contador o revisor fiscal, sin que el juez del concurso realice auditoría sobre su contenido. Indicó que, para la admisión, deben acreditarse situaciones como cesación de pagos o incapacidad de pago inminente y aportarse estados financieros, inventarios, memoria explicativa y demás documentos señalados en la guía institucional de insolvencia.