El Gobierno reglamentó lo relacionado con los lineamientos mínimos que deben prever los Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), estandarizando acciones, políticas y mecanismos de prevención y control. Este decreto aplica a personas jurídicas bajo inspección, vigilancia o control de superintendencias, obligándolas a adoptar PTEE con normas internas de auditoría. Su creación responde a compromisos internacionales como las Convenciones de la ONU y OEA, y leyes nacionales como la Ley 1474 de 2011 y la Ley 2195 de 2022, que buscan robustecer la responsabilidad administrativa y prevenir prácticas corruptas. La Secretaría de Transparencia, en coordinación con las autoridades de control, definirá y actualizará estos lineamientos cada cuatro años, fomentando una cultura de cumplimiento y la gestión de riesgos de corrupción, soborno y, si aplica, lavado de activos.