La Agencia Nacional de Contratación Pública emitió un concepto clave sobre la Ley de Garantías Electorales, delineando las restricciones a la contratación estatal en periodos preelectorales. La ley, diseñada para asegurar condiciones de igualdad y transparencia en los comicios, prohíbe la contratación directa por parte de todos los entes del Estado durante los cuatro meses previos a las elecciones presidenciales. Esta prohibición cuenta con excepciones taxativas, incluyendo contratos para defensa, seguridad, crédito público, emergencias educativas, sanitarias, desastres y reconstrucción de infraestructura crítica.