La norma establece la aplicación de una metodología de convocatoria pública y competitiva para distribuir los recursos del incentivo a la producción, que equivale al 30% de los rendimientos financieros del Sistema General de Regalías (SGR) para el bienio 2025-2026. Esta metodología prioriza proyectos que impacten positivamente territorios mineros y energéticos, fomentando la formalización, restauración social y económica, y la recuperación ambiental. Además, exige análisis técnico-financieros que contrasten fuentes eléctricas convencionales y no convencionales de energía renovable. También se establecen requisitos específicos para proyectos mineros y de electromovilidad, alineados con las normativas vigentes y orientaciones técnicas del Departamento Nacional de Planeación.