El Consejo de Estado revocó la decisión de primera instancia y declaró probada la vulneración de los derechos colectivos al acceso a una infraestructura de servicios públicos domiciliarios y a su prestación eficiente, así como al desarrollo urbano ordenado respetando normas legales, de los habitantes de la comunidad Paso El Medio, Corregimiento de Matuya, Municipio de María La Baja. La Sala encontró que la omisión de las autoridades en identificar la población, legalizar el asentamiento y garantizar servicios esenciales como agua potable, saneamiento y aseo, afectó la dignidad y la calidad de vida de personas en situación de desplazamiento y vulnerabilidad, incumpliendo normas constitucionales y legales que obligan a la prestación universal de servicios públicos y la coordinación entre municipios y departamentos.