El proyecto buscaba que la Licencia Ambiental Flexible (LAF) estableciera un plazo improrrogable de 60 días hábiles para la decisión de la licencia. El proyecto perseguía ajustar procedimientos y estudios ambientales a la naturaleza de estos proyectos, con vigencia hasta 2050 para apoyar la meta de carbono neutralidad. Sin embargo, la SDA, en un reciente concepto sobre la materia, concluyó que jurídicamente el proyecto no era viable, dado que la reducción de tiempos ya se contemplaba en la normativa vigente y otros requisitos legales limitaban su viabilidad.