Las causales que pueden desencadenar la adopción de la toma de posesión de una empresa de servicios públicos, según el artículo 59 de la Ley 142 de 1994, incluyen situaciones en las que la empresa no pueda o no quiera prestar el servicio con continuidad y calidad necesarias, cuando sus administradores violen gravemente normas o incumplan contratos, o rehusen proporcionar información veraz y oportuna. También aplican ante la caducidad de permisos, licencias o concesiones, en casos de calamidad o perturbación del orden público, o cuando la empresa suspenda o tenga dificultades para cumplir con sus obligaciones mercantiles. Además, la toma de posesión puede ordenarse si la empresa entra en proceso de liquidación. La Superintendencia requiere previamente un concepto de la Comisión de Regulación sectorial y, en algunos casos, la imposición de sanciones. La finalidad es garantizar la protección de los derechos de los usuarios, la continuidad del servicio y el cumplimiento de las normas, en ejercicio de la función social de la propiedad y del Estado de Derecho.