Sí, es lógico solicitar garantías en un proceso de contratación directa interadministrativa. La finalidad principal de la garantía de cumplimiento es proteger el patrimonio de la entidad frente a riesgos de incumplimiento por parte del contratista, asegurando que cumpla con sus obligaciones, incluyendo la inversión del anticipo, la correcta ejecución y calidad del servicio o bien, y la devolución de pagos anticipados. Aunque la contratación directa busca simplificar procesos, la exigencia de garantías garantiza la seguridad jurídica y financiera, minimizando riesgos para la entidad. Además, la normatividad vigente respalda la necesidad de garantías para asegurar el cumplimiento de obligaciones y la protección de los intereses públicos, incluso en contratos celebrados de manera directa, especialmente en actividades que involucran recursos públicos y responsabilidad de las entidades públicas.