de la Bahía de Cartagena por la descarga permanente de vertimientos y sustancias contaminantes. El Consejo de Estado concluyó que se vulneraron los derechos colectivos invocados, dado que las acciones adelantadas por las entidades demandadas para prevenir y disminuir la contaminación han sido insuficientes y desarticuladas, por lo que estableció instrumentos de planeación y estrategias interinstitucionales para la restauración ecológica del recurso hídrico.