Los títulos de propiedad privada de minas otorgados en 1886, debidamente perfeccionados, no son automáticamente reconocidos por el Estado en la actualidad. La Ley 20 de 1969 establece que todas las minas pertenecen a la Nación, salvo los derechos adquiridos que estén debidamente perfeccionados. Para que estos derechos sean reconocidos, los propietarios debían haber solicitado su reconocimiento ante el Ministerio de Minas y Energía antes del 22 de junio de 1973 y demostrar el inicio de la explotación económica de las minas. Si no cumplieron con estos requisitos, su derecho sobre el subsuelo se extinguió a favor de la Nación, convirtiéndose en mera expectativa, sin reconocimiento jurídico actual. Por tanto, si no se realizó el reconocimiento en la oportunidad legal establecida, el Estado no está obligado a reconocer dichos títulos en la actualidad, conforme a lo estipulado en la legislación vigente.