Según la CRA estas organizaciones son entidades autorizadas, sin ánimo de lucro, para la prestación de servicios públicos domiciliarios, regidas por principios de solidaridad. Estas se definen como organizaciones solidarias que pueden ser asistencialistas, enfocadas en el apoyo a terceros, o mutualistas, que buscan el beneficio de sus asociados. Las organizaciones tienen derechos a recibir aportes, pero estos no se equiparan a derechos laborales. La CRA no establece criterios específicos para la distribución interna de los recursos generados por las tarifas de los servicios prestados, lo que queda a la autonomía de cada organización. Así, los recursos recaudados deben destinarse a cubrir los costos de recolección, transporte y clasificación de residuos aprovechables, conforme a las normativas vigentes en el municipio.