La CRA aclaró que, bajo el régimen de libertad regulada establecido en la Ley 142 de 1994, las empresas de servicios públicos están obligadas a presentar estudios de costos como base para la fijación de tarifas. Este régimen permite que las tarifas sean definidas por las empresas que prestan los servicios, pero dentro de un marco normativo que asegura la transparencia y la justificación de los costos. Los estudios de costos deben cumplir con las fórmulas y directrices definidas por la CRA, las cuales garantizan que las tarifas sean razonables y proporcionales a los costos reales del servicio. Este proceso es fundamental para evitar abusos en la fijación de tarifas y proteger a los usuarios, asegurando que los incrementos tarifarios estén respaldados por datos concretos y no se apliquen unilateralmente sin el debido proceso de revisión.