En el contexto de una retroactividad ordenada por un ente territorial, la responsabilidad de asumir los intereses a reconocer a los usuarios por devoluciones recae en dicho ente. Esto se debe a que la retroactividad implica que los efectos de la norma se aplican hacia atrás, afectando a los usuarios que han realizado pagos en exceso o que se ven perjudicados por decisiones administrativas previas. La normativa establece que, al declararse la nulidad de un acto administrativo, se deben restablecer los derechos de los usuarios, lo que incluye el reconocimiento de intereses sobre las devoluciones. Sin embargo, es fundamental que el ente territorial gestione adecuadamente estos procesos para evitar perjudicar la prestación del servicio público y garantizar que las compensaciones se realicen de manera justa y eficiente. En resumen, el ente territorial es responsable de asumir los intereses derivados de las devoluciones a los usuarios en situaciones de retroactividad.