En su análisis, el Consejo de Estado enfatiza que la liquidación y cobro de la tasa retributiva por vertimientos se fundamenta en el derecho que tienen los sujetos pasivos a presentar autodeclaraciones sustentadas, las cuales deben incluir una caracterización de sus vertimientos y la información mensual de cargas. La normativa permite que, en caso de discrepancias o falta de presentación, la autoridad ambiental proceda a liquidar la tasa según diferentes criterios: factores de carga per cápita del Reglamento de Agua Potable, datos de muestreos anteriores o cálculos presuntivos basados en contaminación y niveles de producción.