El Consejo de Estado negó las pretensiones del Consorcio P&P SAI Líbano en relación con la demanda contra la Secretaría de Educación Distrital (SED) de Bogotá, que había declarado la caducidad del contrato de obra, así como la ocurrencia de un siniestro por incumplimiento. El Consorcio argumentó que la SED no contaba con la licencia de construcción al momento de la firma del contrato y que las suspensiones en la ejecución del mismo alteraron el equilibrio económico, impidiendo su cumplimiento. Sin embargo, la Sala determinó que la SED actuó dentro de su competencia al declarar la caducidad, ya que esta decisión se tomó antes de que finalizara el plazo de ejecución contractual. Además, se destacó que la SED había otorgado prórrogas al Consorcio, que no cumplió con sus obligaciones, lo que llevó a la entidad a hacer efectiva la cláusula penal y a liquidar el contrato de manera unilateral. La decisión del Consejo de Estado se fundamentó en la falta de justificación del Consorcio para su incumplimiento y en la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios públicos, lo que reafirma la legalidad de las acciones tomadas por la SED en este contexto.